La sociedad civil y las organizaciones de Pueblos Indígenas han pedido a los gobiernos que refuercen la financiación de políticas públicas que favorecen la producción local de alimentos, que garanticen la existencia de mecanismos para la transparencia y la rendición de cuentas, y que aseguren la participación activa de las personas productoras de alimentos a pequeña escala en el diseño, el seguimiento y la evaluación de estas políticas.

Reunidas a través del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSCPI) durante el Diálogo sobre Gobernanza Colaborativa acerca de la Financiación para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de las Naciones Unidas, las organizaciones afirmaron claramente: no puede haber soberanía alimentaria sin soberanía financiera. Las personas productoras de alimentos a pequeña escala, responsables de la mayor parte de los alimentos que se consumen en el planeta, se enfrentan a la pobreza, la discriminación, la reducción de la superficie de sus tierras, la falta de acceso al crédito, a los mercados y a las infraestructuras, y a la marginación de los espacios donde se definen las políticas públicas. Todas estas limitaciones operan en el marco de un sistema financiero mundial que antepone los beneficios a las personas.

En 2023, más de 3300 millones de personas vivían en países que destinaban más recursos al pago de intereses de la deuda externa que a la salud o la educación. Morgan Ody, campesina y coordinadora general de La Vía Campesina, explicó cómo las políticas impuestas por los acreedores y las instituciones financieras internacionales obligan a los gobiernos a priorizar la producción orientada a la exportación, mientras dependen de las importaciones para alimentar a sus poblaciones, lo que genera una peligrosa dependencia de mercados volátiles y una mayor exposición a crisis mundiales como las de 2008 o 2022.

“No estamos en contra de la ayuda internacional, pero esta no debe crear nuevas formas de dependencia”, añadió. Los gobiernos deben canalizar los recursos hacia políticas públicas que fortalezcan la producción local de alimentos. Por ejemplo, a través de programas de reforma agraria que garanticen el derecho a la tierra, políticas de regulación del mercado o la transición agroecológica. También es fundamental desarrollar un sistema fiscal justo y destinar más inversión pública nacional a infraestructuras y servicios públicos.

“Todas las soluciones necesarias para apoyar las finanzas sostenibles y a las personas productoras de alimentos a pequeña escala existen, están ahí. Lo único que se necesita es voluntad política para ponerlas en práctica”, denunció Ibrahima Coulibaly, campesino y presidente de la Organización Panafricana de Agricultores y de la ROPPA. En el caso de África, advirtió, los gobiernos no cumplen su compromiso de dedicar al menos el 10 % del presupuesto nacional a la agricultura, y solo el 6 % de los agricultores tiene acceso al crédito. Si los recursos del sector público se utilizaran para financiar fondos de garantía, en lugar de financiar programas, plagados de corrupción, de distribución de fertilizantes, los bancos estarían dispuestos a conceder créditos y productores de pequeña escala podrían cubrir sus propios gastos agrícolas.

Las personas productoras de alimentos a pequeña escala y titulares de derechos deben ocupar un lugar central en la elaboración y aplicación de las políticas públicas. No como beneficiarios pasivos, sino como agentes políticos con derecho a definir y supervisar las políticas que les afectan.